Un vídeo grabado por varios testigos ha terminado con la detención de un vecino de San Bartolomé, en Lanzarote, como presunto autor de un delito de maltrato animal. Según informó la Guardia Civil, las imágenes permitieron documentar cómo el hombre trataba de forma violenta a un perro de su propiedad antes de golpearlo.
El caso vuelve a poner sobre la mesa cuáles son las consecuencias legales de maltratar a un animal en España, donde estas conductas pueden superar el ámbito de una sanción administrativa y convertirse en delito.
Desde 2023, además, España cuenta con un marco reforzado que combina la vía penal con la normativa de protección animal y permite actuar de manera diferente según la gravedad de los hechos y las consecuencias sufridas por el animal.
La intervención en estos episodios puede comenzar por una denuncia ciudadana, una actuación policial o, como ocurrió en esta ocasión, por imágenes que permiten documentar los hechos investigados con claridad.
Una grabación llevó a la Guardia Civil hasta el presunto agresor
La investigación comenzó después de que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) tuviera conocimiento de una grabación realizada en Lanzarote.
En las imágenes, según la información facilitada por la Guardia Civil, podía verse al sospechoso introduciendo violentamente al perro en la caja de un vehículo tipo pick-up delante de varios testigos. Posteriormente habría atado al animal utilizando una correa muy corta, limitando considerablemente sus movimientos, y le habría propinado varios golpes.
Los agentes consiguieron identificar al supuesto responsable y localizarlo en San Bartolomé, donde procedieron a su detención. El perro fue intervenido con ayuda de la Policía Local y trasladado a la perrera municipal para garantizar su protección.
Tras prestar declaración, el detenido quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido. Las diligencias continúan y deberán determinar, entre otros aspectos, qué lesiones sufrió el animal y qué tratamiento necesitó, una cuestión fundamental para establecer la posible responsabilidad penal.
Golpear a un perro puede acabar en prisión: estas son las penas que contempla el Código Penal
El artículo 340 bis del Código Penal español diferencia las penas según las consecuencias que haya sufrido el animal.
Cuando alguien causa a un animal doméstico una lesión que necesita tratamiento veterinario para recuperar su salud, puede enfrentarse a entre tres y 18 meses de prisión o una multa de seis a 12 meses. A ello se suma una inhabilitación de entre uno y tres años para ejercer profesiones u oficios relacionados con animales y para tenerlos.
El Código Penal contempla además circunstancias que pueden agravar la pena. Entre ellas se encuentra que el responsable sea precisamente el propietario o la persona encargada de cuidar al animal, además del ensañamiento, el empleo de métodos peligrosos o que los hechos se produzcan ante menores o personas especialmente vulnerables.
No todas las agresiones requieren que exista una lesión que necesite tratamiento veterinario. El propio artículo 340 bis establece que, cuando se produzca un maltrato grave sin lesiones de esa entidad, puede imponerse una multa de uno a dos meses o trabajos en beneficio de la comunidad de uno a 30 días, además de una inhabilitación de tres meses a un año para tener animales.
Por ello, en el caso de Lanzarote será la investigación y, en su caso, la valoración veterinaria y judicial la que permita determinar qué apartado resulta aplicable.
La Ley de Bienestar Animal también contempla multas de hasta 200.000 euros por maltrato
Junto a la vía penal existe un régimen administrativo establecido por la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales.
Su artículo 25 prohíbe expresamente maltratar o agredir físicamente a los animales, así como someterlos a prácticas que puedan ocasionarles sufrimiento o daños físicos o psicológicos.
Las infracciones se dividen en leves, graves y muy graves. Las leves pueden implicar desde un apercibimiento hasta multas de 500 a 10.000 euros; las graves, entre 10.001 y 50.000 euros; y las muy graves, desde 50.001 hasta 200.000 euros.
La ley permite además imponer sanciones accesorias, entre ellas la inhabilitación para la tenencia de animales, cursos de formación en bienestar animal o trabajos en beneficio de la comunidad.
Existe, eso sí, una diferencia importante: cuando unos mismos hechos pueden constituir delito, la responsabilidad penal tiene prioridad y no corresponde duplicar sanciones por exactamente la misma conducta.
El caso de Lanzarote deberá resolverse judicialmente, pero muestra también la importancia que pueden tener las grabaciones y los avisos ciudadanos. Una agresión contra un animal ya no se enfrenta únicamente a una posible multa: en los casos más graves, puede acabar ante un juez y conllevar prisión y la prohibición de volver a tener animales.
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