La amputación de las orejas o el rabo de un perro para modificar su apariencia no es una simple cuestión estética. La legislación española prohíbe estas mutilaciones cuando no existe una justificación veterinaria, y la normativa contempla sanciones que pueden llegar a los 50.000 euros en vía administrativa, sin perjuicio de posibles responsabilidades penales.
La denominada operación Goscan ha mostrado hasta dónde puede llegar el negocio alrededor de estas prácticas. La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a 20 personas: 14 han sido detenidas y otras seis figuran como investigadas por presuntos delitos contra los animales, intrusismo profesional y falsedad documental.
La red tenía ramificaciones en diferentes puntos de España y llegó a comercializar ejemplares en México.
Una consulta veterinaria destapó una red que falsificaba documentos para ocultar las mutilaciones
El caso comenzó prácticamente por casualidad. Un mastín italiano (o cane corso) ingresó en un hospital veterinario de Cáceres debido a una patología que, en principio, no estaba relacionada con la investigación. Los profesionales que lo atendieron observaron que tenía amputaciones recientes en las orejas y el rabo.
Cuando los agentes identificaron al propietario, este presentó un certificado según el cual las intervenciones se habían efectuado en Rusia, donde pretendidamente habían sido realizadas de forma legal. La investigación internacional terminó desmontando esa explicación: las autoridades rusas confirmaron que el documento aportado era falso, según explica la Guardia Civil.
Las pesquisas condujeron posteriormente hasta un criadero de Alicante. En una primera fase fueron detenidos el propietario del animal y dos responsables del establecimiento. La investigación acabó descubriendo una estructura de mayor tamaño presuntamente dirigida por la propietaria del criadero, su pareja y una tercera persona.
Según la Guardia Civil, vendedores y compradores llegaban a pactar cómo querían que fueran cortadas las orejas y el rabo de los perros. Para intentar justificar posteriormente las mutilaciones, se proporcionaba documentación falsificada.
La organización habría llegado incluso a enviar a los nuevos propietarios vídeos explicativos sobre cómo curar las heridas producidas por las amputaciones. Los investigadores consideran que esta circunstancia, junto con la documentación utilizada, demuestra que las personas implicadas conocían la ilegalidad de las intervenciones.
España prohíbe las mutilaciones de perros por motivos estéticos y establece sanciones
España ratificó en 2017 el Convenio Europeo sobre protección de animales de compañía. Su artículo 10 establece expresamente que deben prohibirse las intervenciones quirúrgicas destinadas a modificar la apariencia de un animal o realizadas con otros fines no curativos. Entre ellas enumera el corte de la cola y de las orejas, además de la sección de las cuerdas vocales y la extirpación de uñas y dientes.
La actual Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales es todavía más explícita. Su artículo 27 prohíbe practicar a los animales de compañía “todo tipo de mutilación o modificaciones corporales permanentes”.
Existen excepciones, pero son muy concretas. La intervención puede realizarse cuando resulte necesaria por motivos terapéuticos para proteger la salud del animal o para limitar o anular su capacidad reproductiva, además del marcaje autorizado de gatos comunitarios. La necesidad debe quedar acreditada mediante un informe de un veterinario colegiado o perteneciente a una Administración pública.
Es decir, querer que un perro presente una determinada apariencia no constituye una excepción legal. La propia Ley 7/2023 especifica que no puede utilizarse como justificación un motivo “funcional o estético”.
La prohibición tampoco nació con la Ley de Bienestar Animal de 2023. El Convenio Europeo ya había consolidado en España la prohibición de las mutilaciones estéticas años antes. La normativa actual ha reforzado ese marco y ha establecido un régimen sancionador común en todo el Estado.
Las multas por amputar las orejas o el rabo pueden alcanzar los 50.000 euros
La Ley 7/2023 considera infracción grave “practicar al animal mutilaciones o modificaciones corporales no autorizadas”.
Las infracciones graves pueden ser sancionadas con multas de 10.001 a 50.000 euros. Además, dependiendo de las circunstancias, pueden imponerse medidas accesorias como la intervención del animal, la clausura temporal de establecimientos o la inhabilitación para realizar actividades relacionadas con animales y para su tenencia.
Hay que distinguir, no obstante, entre las sanciones administrativas y las consecuencias penales. En un caso como el de la operación Goscan será la autoridad judicial la que determine finalmente qué delitos pueden atribuirse a cada investigado y detenido.
El artículo 340 bis del Código Penal castiga a quien, fuera de las actividades legalmente reguladas, provoque a un animal doméstico una lesión que requiera tratamiento veterinario. La pena prevista es de tres a 18 meses de prisión o multa de seis a 12 meses, además de inhabilitación especial de uno a tres años para profesiones, oficios o comercios relacionados con animales y para su tenencia.
El Código Penal contempla además circunstancias agravantes. Entre ellas se encuentran que el autor sea el propietario o responsable del animal, que actúe con ánimo de lucro o que se cause la pérdida o inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal. La aplicación concreta de estos preceptos a los investigados de Goscan dependerá, naturalmente, de lo que determine el procedimiento judicial.
Un veterinario detenido y microchips implantados sin habilitación
Uno de los aspectos más llamativos de la operación es la presunta participación de un veterinario colegiado, también detenido. De acuerdo con la investigación, habría entregado a la responsable del criadero pasaportes y otros documentos oficiales en blanco previamente firmados y sellados con su número de colegiado.
La responsable del criadero los cumplimentaba posteriormente. La Guardia Civil sostiene asimismo que esta mujer implantaba personalmente microchips a los cachorros sin disponer de la titulación o habilitación veterinaria necesaria.
La identificación no constituye un trámite menor. El microchip vincula al animal con una identidad y permite establecer su trazabilidad. La normativa española establece la identificación obligatoria de los perros y la Ley 7/2023 determina que deben ser identificados mediante microchip y registrados conforme a la normativa correspondiente.
Además, la regulación europea de trazabilidad actualizada en 2026 establece para los desplazamientos entre Estados miembros que la implantación del transpondedor debe realizarla un veterinario oficial o autorizado o, cuando el Estado miembro lo permita, una persona expresamente autorizada para ello.
La operación Goscan, por tanto, va mucho más allá de unas amputaciones clandestinas. Los investigadores describen un sistema en el que presuntamente se combinaban cría y venta de perros, mutilaciones estéticas, falsificación documental, irregularidades veterinarias y comercialización internacional.
La amputación de orejas y cola no es solo estética: también puede causar dolor y problemas de comunicación
La prohibición tampoco responde únicamente a una decisión jurídica. Existe una importante cuestión de bienestar animal detrás de estas intervenciones.
La World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) se opone a las modificaciones físicas realizadas exclusivamente por motivos estéticos o de comportamiento y menciona específicamente la caudectomía o corte de la cola y la otoplastia estética o corte de las orejas.
Su documento de posición recuerda que la cola es una estructura anatómica funcional y que su amputación puede provocar dolor intenso. La sección de los nervios también puede favorecer la formación de neuromas potencialmente dolorosos, relacionados con dolor neuropático crónico, hipersensibilidad e incluso comportamientos de autolesión.
Orejas y cola, además, no son simples elementos decorativos. Forman parte de la expresión corporal del perro y contribuyen a su comunicación con otros individuos.
La propia WSAVA sostiene que las modificaciones cosméticas transmiten además una concepción problemática del animal: anteponer las preferencias humanas sobre su aspecto a su bienestar físico y emocional.
La operación Goscan ilustra precisamente esa contradicción. Lo que para un comprador puede parecer una determinada estética asociada a ciertas razas implica someter a un animal sano a una intervención quirúrgica innecesaria. Y en España, salvo que exista una razón veterinaria debidamente acreditada, hacerlo no solo plantea un problema de bienestar: está prohibido.
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