Los gatos que viven en parques, solares, jardines y otros espacios urbanos forman parte desde hace décadas del paisaje de muchas ciudades españolas. Sin embargo, durante años su gestión dependió de normativas locales muy diferentes entre sí.
La entrada en vigor de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales ha introducido por primera vez un marco estatal que regula de forma específica las llamadas colonias felinas y establece obligaciones para las administraciones públicas.
Uno de los cambios más relevantes es que los gatos comunitarios ya no pueden ser sacrificados como método de control poblacional. El artículo 42 de la ley establece que estos animales únicamente podrán ser sacrificados cuando exista un sufrimiento irreversible certificado por un veterinario o en circunstancias excepcionales debidamente justificadas por motivos sanitarios o de protección de la salud pública.
La norma también introduce otra novedad importante: los gatos no socializados que pertenecen a colonias felinas no deben ser retirados sistemáticamente de su entorno para ser confinados en refugios o centros de protección animal.
Según la filosofía de la ley, estos animales deben permanecer en libertad dentro de su territorio habitual, salvo cuando sea necesario capturarlos para tratamientos veterinarios, esterilizaciones o situaciones excepcionales autorizadas.
Qué es el método CER: la estrategia que marca la ley para controlar las colonias de gatos
La ley define la colonia felina como un grupo de gatos comunitarios vinculados a un territorio concreto y gestionados mediante procedimientos específicos de bienestar y control poblacional. El objetivo de la noramtiva es abandonar los antiguos modelos basados en la retirada sistemática de animales y sustituirlos por estrategias de gestión continuada.
La herramienta principal es el conocido método CER (Captura, Esterilización y Retorno), que consiste en capturar a los gatos de forma no lesiva, esterilizarlos, proporcionarles atención veterinaria y devolverlos posteriormente al lugar donde fueron encontrados. Este sistema aparece recogido en la propia ley y ha sido adoptado como referencia por numerosos municipios españoles.
Los defensores de este modelo sostienen que permite estabilizar progresivamente las poblaciones felinas evitando el nacimiento continuo de nuevas camadas. Además, reduce problemas sanitarios y conflictos vecinales asociados a colonias descontroladas.
Censos, veterinarios y método CER: las nuevas tareas de los municipios con los gatos callejeros
Una de las mayores novedades de la ley es que atribuye a las administraciones locales responsabilidades concretas en la gestión de las colonias.
Los municipios deben elaborar programas específicos, identificar las colonias existentes, desarrollar protocolos de actuación, coordinar la atención veterinaria y promover medidas de control poblacional. Además, el Ministerio de Derechos Sociales mantiene líneas de financiación destinadas precisamente a apoyar a las entidades locales en estas tareas.
Algunas ciudades ya habían iniciado este camino antes de la entrada en vigor de la ley. Zaragoza, por ejemplo, aprobó en 2024 un programa específico de gestión de colonias felinas que incluye censos, mapas de ubicación, colaboración con cuidadores autorizados y atención veterinaria.
Experiencias similares se están desarrollando en municipios de toda España. En Morón de la Frontera, por ejemplo, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un programa CER coordinado con voluntarios y clínicas veterinarias locales para mejorar la convivencia y controlar la reproducción de los gatos callejeros.
La protección de los gatos callejeros abre un debate en España: bienestar animal, biodiversidad y excepciones
La protección de las colonias felinas cuenta con un amplio respaldo entre asociaciones animalistas y buena parte del sector veterinario, pero también genera controversia en algunos ámbitos científicos y medioambientales.
Muchos investigadores han alertado de que los gatos domésticos y asilvestrados pueden ejercer una presión significativa sobre determinadas especies silvestres, especialmente aves, reptiles y pequeños mamíferos. Además, algunos expertos advierten sobre su papel potencial en la transmisión de determinadas enfermedades cuando las poblaciones alcanzan densidades elevadas.
Precisamente por ello, la ley contempla excepciones para aquellos casos en los que existan razones de conservación de espacios naturales protegidos, riesgos sanitarios debidamente acreditados o situaciones específicas relacionadas con la biodiversidad.
Los defensores del método CER responden que una colonia gestionada resulta mucho menos problemática que una colonia abandonada a su evolución natural y sostienen que la esterilización sistemática permite reducir progresivamente el número de animales y disminuir tanto los conflictos vecinales como el impacto ambiental.
Más allá del debate, la ley busca compatibilizar el control poblacional con criterios de bienestar animal. Por eso prohíbe expresamente medidas que durante años fueron habituales en algunos lugares, como la eliminación sistemática de colonias o el sacrificio como herramienta de gestión. En su lugar, apuesta por la esterilización, la identificación, la atención veterinaria y la colaboración entre administraciones, profesionales y voluntarios.
El resultado es un nuevo escenario para los miles de gatos comunitarios que viven en España. Un escenario en el que las colonias felinas dejan de ser consideradas un problema que debe eliminarse y pasan a ser una realidad que las administraciones están obligadas a gestionar de forma ética, planificada y conforme a la ley.
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