La Ley de Bienestar Animal lo establece: si un cuidador voluntario no puede seguir cuidando a una colonia felina, el Ayuntamiento debe garantizar su atención

La Ley de Bienestar Animal lo establece: si un cuidador voluntario no puede seguir cuidando a una colonia felina, el Ayuntamiento debe garantizar su atención

La supervivencia de muchos gatos callejeros en España depende del trabajo cotidiano de personas voluntarias que les proporcionan alimento, agua y atención. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando una cuidadora enferma, se muda o simplemente no puede seguir atendiendo a los animales? La respuesta no depende únicamente de encontrar a otro voluntario: la Ley de Bienestar Animal establece responsabilidades concretas para las administraciones públicas.

El problema pone de manifiesto una realidad: muchas colonias felinas funcionan gracias a una colaboración ciudadana que, aunque imprescindible, no debería sustituir las obligaciones de los ayuntamientos.

La Ley de Bienestar Animal atribuye a los ayuntamientos la gestión de las colonias felinas

La Ley 7/2023 dedica varios artículos a los denominados gatos comunitarios, aquellos que viven en libertad, vinculados a un territorio y con escasa o nula socialización con las personas.

Su artículo 39 establece que, salvo que la legislación autonómica disponga otra distribución competencial, corresponde a las entidades locales gestionar estas poblaciones mediante programas específicos.

Las obligaciones municipales incluyen el censo de los animales, su esterilización, identificación mediante microchip, seguimiento sanitario y establecimiento de protocolos para garantizar su bienestar.

La normativa también contempla la colaboración de asociaciones protectoras y ciudadanos autorizados. No obstante, distingue claramente entre quienes participan voluntariamente en el cuidado de los gatos y la administración responsable de organizar su gestión.

De hecho, la propia ley define al cuidador de colonia felina como una persona autorizada que atiende a los animales siguiendo un programa de gestión, pero que no se convierte por ello en su propietario ni en su responsable legal.

Por tanto, cuando un voluntario deja de prestar sus servicios, la colonia no desaparece de las obligaciones municipales. El ayuntamiento debe gestionar la situación conforme al programa aplicable y organizar la continuidad de la atención.

Dejar de alimentar a una colonia felina puede poner en riesgo a los gatos más vulnerables

La interrupción de los cuidados puede tener consecuencias importantes, especialmente en colonias cuyos integrantes llevan años acostumbrados a recibir comida en lugares y horarios determinados. Aunque los gatos conservan sus instintos de búsqueda de alimento, no todos tienen la misma capacidad para encontrar recursos suficientes. Los animales enfermos, mayores o debilitados pueden encontrarse en una situación especialmente vulnerable.

Por eso, dejar de alimentar repentinamente a una colonia felina no constituye una solución adecuada. Lo recomendable es comunicar con antelación la imposibilidad de continuar a los servicios municipales responsables y solicitar que se organice un relevo.

La transición debería contemplar la continuidad del suministro de agua y alimento, el seguimiento de los animales y la comunicación de cualquier necesidad veterinaria.

También resulta importante facilitar información sobre cuántos gatos integran la colonia, cuáles están esterilizados, si existen ejemplares enfermos y dónde se encuentran los puntos habituales de alimentación.

La ley no establece un procedimiento único de sustitución automática de cuidadores, pero sí obliga a los municipios a disponer de programas de gestión que contemplen las necesidades de los animales.

El método CER: así se controlan las colonias felinas

La gestión responsable de los gatos comunitarios se apoya en el método CER (captura, esterilización y retorno), que permite controlar su reproducción sin retirar sistemáticamente a los animales de su territorio.

Los gatos son capturados mediante procedimientos adecuados, esterilizados por profesionales veterinarios y devueltos a su colonia. La legislación también contempla la identificación mediante microchip, la vacunación y la desparasitación.

El objetivo es reducir progresivamente las poblaciones y mejorar su bienestar, evitando nuevas camadas y disminuyendo determinados comportamientos asociados a la reproducción.

Además, la ley prohíbe trasladar indiscriminadamente a los gatos a otras colonias. Las reubicaciones solo están permitidas en circunstancias justificadas, entre ellas determinados riesgos para la salud, la seguridad o la biodiversidad.

Cómo ayudar a una colonia felina sin ser voluntario

Quienes encuentren gatos callejeros necesitados de atención pueden contactar con el ayuntamiento o con las asociaciones que colaboran en su programa de gestión. Sin embargo, alimentar gatos callejeros sin autorización puede incumplir las ordenanzas municipales. Las condiciones varían según la localidad.

Aranda de Duero, por citar un ejemplo, comenzó a instalar en octubre de 2026 puntos autorizados de alimentación, atendidos por personas acreditadas y con normas específicas de higiene.

La necesidad de reforzar la gestión municipal también ha provocado movilizaciones. En septiembre de 2026, cuidadoras de Majadahonda denunciaron deficiencias en el censo, la atención veterinaria y los recursos disponibles.

La especialista en comportamiento felino Montse Casaoliva, vinculada a Mishilovers, plantea precisamente la necesidad de establecer límites claros para quienes colaboran con estas colonias. Su argumento central es que el voluntariado debe contar con mecanismos de apoyo y sustitución, sin convertirse en una obligación permanente.

En definitiva, el bienestar de los gatos comunitarios requiere algo más que solidaridad individual: una organización estable que garantice sus cuidados incluso cuando las personas voluntarias no puedan continuar.

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