La relación entre las personas y sus animales de compañía está cambiando también en los tribunales. Lo que hasta hace pocos años parecía impensable acaba de materializarse en Argentina, donde un juzgado de la provincia de Misiones decidió incluir a cuatro perros dentro de una medida de protección por violencia familiar.
La resolución no solo busca proteger a las víctimas humanas, sino también a los animales, a los que reconoce como integrantes de una familia multiespecie.
El caso ha despertado interés fuera del país porque plantea un debate que también está muy presente en España: ¿deben los perros y gatos recibir protección específica cuando forman parte de un entorno familiar afectado por la violencia?
Los animales también pueden ser víctimas: una jueza incluye a cuatro perros en medidas cautelares
La resolución fue dictada por el Juzgado de Familia de Leandro N. Alem, en la provincia argentina de Misiones. En ella se establecen medidas cautelares para proteger a una mujer y a sus hijos frente a un presunto episodio de violencia familiar, pero también a sus cuatro perros: Otto, Apolo, Gala y Foxi.
La jueza consideró que los animales forman parte del núcleo familiar y prohibió al denunciado cualquier acto de violencia, hostigamiento, intimidación o agresión también contra ellos. La decisión supone uno de los primeros reconocimientos judiciales explícitos de los animales como miembros de una familia dentro de una medida de protección.
El fallo parte de una realidad que numerosos especialistas vienen señalando desde hace años: en muchos casos de violencia doméstica, los animales también son víctimas. En ocasiones sufren agresiones directas; en otras, son utilizados para amenazar o controlar emocionalmente a las personas que conviven con ellos.
Existe una estrecha relación entre el maltrato animal y otras formas de violencia interpersonal. Por so son cada vez más los expertos que consideran imprescindible que las medidas judiciales contemplen también la seguridad de los animales de compañía.
Animales como seres sintientes: el paso que dio España y el nuevo reto ante la violencia familiar
La decisión argentina inevitablemente invita a comparar la situación con España. En 2021, la reforma del Código Civil aprobada mediante la Ley 17/2021 dejó de considerar jurídicamente a perros, gatos y otros animales de compañía como simples bienes muebles para reconocerlos como seres vivos dotados de sensibilidad.
Ese cambio ha tenido consecuencias muy importantes. Desde entonces, los jueces pueden decidir sobre la custodia compartida de un animal durante un divorcio o una separación teniendo en cuenta su bienestar y el vínculo afectivo con cada miembro de la familia, una situación impensable hace apenas unos años.
Posteriormente, la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales reforzó este cambio de paradigma estableciendo nuevas obligaciones para los propietarios y endureciendo la protección frente al abandono y al maltrato.
Sin embargo, los especialistas señalan que todavía existe margen para seguir avanzando en los procedimientos relacionados con violencia familiar y violencia de género.
En España no existe una previsión general equivalente a la adoptada por el juzgado argentino que incorpore expresamente a los animales dentro de una orden de protección familiar. Aunque algunos jueces han comenzado a valorar estas situaciones caso por caso, numerosas asociaciones consideran que debería establecerse un protocolo específico.
La Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA) lleva años alertando sobre esta necesidad y recuerda que el maltrato hacia un animal puede utilizarse como una forma de violencia vicaria para controlar o castigar a la víctima.
El vínculo que preocupa a los expertos: cuando el maltrato animal se usa para controlar a una víctima
Las investigaciones desarrolladas en los últimos años muestran que la violencia hacia los animales rara vez aparece de forma aislada. Varios trabajos publicados por la National Link Coalition, organización especializada en el estudio del vínculo entre violencia interpersonal y maltrato animal, indican que los agresores recurren con frecuencia a amenazas contra perros o gatos para impedir que la víctima abandone el domicilio o denuncie la situación.
En muchos hogares, el animal representa un miembro más de la familia. Hacerle daño supone provocar un profundo sufrimiento emocional a quienes conviven con él.
Precisamente por eso algunos refugios de mujeres víctimas de violencia de género han comenzado a desarrollar programas específicos para acoger también a los animales de compañía, evitando que las víctimas permanezcan junto a su agresor por miedo a dejar atrás a su perro o su gato.
Animales como miembros de la familia: el debate legal que ya mira hacia las órdenes de protección
Cada vez son más los juristas que hablan de familias multiespecie, un término que refleja una realidad social ampliamente extendida: millones de hogares consideran a sus animales parte del núcleo familiar y organizan su vida cotidiana en torno a ellos.
Ese cambio cultural ya ha llegado a la legislación española con el reconocimiento de los animales como seres sintientes, pero el caso argentino demuestra que aún existen nuevos pasos posibles.
Más allá del valor simbólico, incluir a los animales dentro de una orden judicial supone reconocer que también pueden ser víctimas de una situación de violencia y que protegerlos contribuye igualmente a proteger a las personas.
La resolución del juzgado de Misiones marca un precedente que probablemente será observado con atención por otros tribunales de América Latina y Europa. En España, donde el Derecho Animal ha experimentado importantes avances en los últimos años, el debate ya está abierto: si un perro forma parte de la familia, ¿no debería quedar igualmente protegido cuando esa familia necesita amparo judicial?
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