Es oficial: la Ley de Bienestar Animal obliga a comunicar en un máximo de 48 horas si un animal se pierde o es robado

La Ley de Bienestar Animal está dividida en diferentes títulos y capítulos. En concreto, su título II habla de la tenencia y la convivencia responsable con animales. En el capítulo I de este título, en el artículo 24, se establecen unas obligaciones generales con respecto a los animales de compañía y silvestres en cautividad. Entre ellas se dice, literalmente, que los responsables de los animales deberán “comunicar a la autoridad competente la pérdida y sustracción del animal en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde que se produjo la misma”.

Por lo tanto, si el animal desaparece, ya sea porque se pierde o porque sospechamos que lo han robado, el cuidador tiene la obligación de notificarlo antes de que transcurran 48 horas. Normalmente, la notificación se hace contactando con el registro en el que está dado de alta o llamando al veterinario que lo ha microchipado para que avise él a dicho registro. Ojo, por tanto, a esperar varios días antes de llamar pensando que el animal regresará solo.

Como vemos, esta medida se relaciona con otra obligación para todos los cuidadores de animales domésticos, como perros, gatos y hurones, que es la colocación del microchip, un dispositivo electrónico del tamaño de un grano de arroz que implanta el veterinario autorizado bajo la piel en la zona del cuello.

El microchip consta de un número que se asocia a los datos del animal, del cuidador y del veterinario actuante. Estos datos figuran en un registro. Si, por ejemplo, se localiza un perro, al pasarle el lector de chips se lee un número con el que las personas autorizadas pueden acceder a los datos registrados y contactar con el cuidador. No cumplir con la obligatoriedad de la identificación conlleva sanciones.

Como hemos visto, sea cual sea el motivo de la desaparición de un animal, el cuidador tendrá que comunicar su falta en un máximo de 48 horas. Esta notificación a las autoridades sirve, en primera instancia, para que se sepa que el animal está perdido de forma “involuntaria”. En otras palabras, notificar la desaparición evita que, cuando se encuentre, se considere que ha sido abandonado por su cuidador, lo que tendría consecuencias legales.

También hay que saber que notificar la desaparición al registro o a cualquier otra autoridad no es equivalente a denunciar. Si el cuidador quiere o sospecha que el animal ha podido ser robado, tendrá que tramitar una denuncia por los cauces habituales.

La Ley de Bienestar Animal establece distintas sanciones en función de si las infracciones se consideran leves, graves o muy graves. Las leves son todas las que suponen el incumplimiento de prohibiciones u obligaciones explicitadas en la propia ley. Suponen multas que van desde el apercibimiento hasta una cuantía económica cifrada entre los 500 y los 10.000 euros.

Pero la ley también fija como infracción grave “no denunciar la pérdida o sustracción del animal o no recogerlo de los centros veterinarios, las residencias u otros establecimientos similares en los que los hubieran depositado previamente, pese a no conllevar riesgo para el animal” (artículo 74). Para las infracciones catalogadas como graves la legislación prevé una multa que oscila de los 10.001 a los 50.000 euros.

En resumen, la Ley de Bienestar Animal obliga a que los cuidadores notifiquen la desaparición de su animal de compañía en 48 horas, con independencia de que la ausencia se deba a una pérdida o a una sustracción. Normalmente, esta comunicación, que impide que se considere al animal en estado de abandono, se dirige al registro en el que figuran sus datos, los de su cuidador y los del veterinario actuante. A este registro se accede a través del microchip, una sistema de identificación que también es obligatorio según la misma ley.