Intervenidas 263 aves protegidas y exóticas en una ciudad de Catalunya: así actúa la ley contra su venta ilegal

Entre las aves intervenidas había 46 jilgueros (Carduelis carduelis), 13 pardillos comunes (Linaria cannabina), cuatro verdecillos (Serinus serinus), tres verderones comunes (Chloris chloris), un pinzón vulgar (Fringilla coelebs) y dos perdices, además de 194 aves exóticas, entre ellas canarios, agapornis, cotorras y diferentes especies de loros.

Las especies autóctonas fueron trasladadas al Centro de Recuperación de Fauna Salvaje de Torreferrussa, dependiente de la Generalitat de Catalunya, donde serán sometidas a una revisión veterinaria antes de valorar si pueden regresar al medio natural. Las aves exóticas fueron derivadas a una entidad especializada en la acogida de animales decomisados.

Según explicaron los Agents Rurals, la operación perseguía comprobar el origen legal de los ejemplares y verificar que contaban con la documentación exigida para su posesión y comercialización. Muchos animales carecían de identificación o de la documentación necesaria para acreditar su procedencia.

Aunque algunas personas siguen asociando la compraventa de pequeños pájaros a una práctica tradicional, la legislación española ha endurecido notablemente las penas para aquellos que no sigan la normativa de protección de aves silvestres durante las últimas décadas.

En el caso de especies como el jilguero, el pardillo o el verderón, su captura en la naturaleza está prohibida con carácter general desde hace años como consecuencia de la aplicación de la Directiva Aves de la Unión Europea y de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. España eliminó las autorizaciones excepcionales para el conocido "silvestrismo" después de que la Comisión Europea cuestionara este sistema por su impacto sobre las poblaciones silvestres.

Estas aves desempeñan un papel esencial en los ecosistemas. Además de contribuir a la dispersión de semillas y al equilibrio de numerosas especies vegetales, constituyen un indicador del estado de conservación de los medios agrícolas y forestales. Sin embargo, organizaciones como SEO/BirdLife llevan años alertando de que muchas poblaciones de aves ligadas a ambientes agrarios sufren importantes descensos debido a la pérdida de hábitat, el uso intensivo de pesticidas y la captura ilegal.

El problema no afecta únicamente a las especies autóctonas. El comercio de aves exóticas también está sometido a estrictos controles para evitar tanto el tráfico internacional de fauna como la introducción de especies invasoras. Muchas de ellas solo pueden venderse si proceden de criadores autorizados y disponen de la documentación correspondiente, especialmente cuando están incluidas en los anexos del Convenio CITES, que regula el comercio internacional de especies amenazadas.

Precisamente la ausencia de esa documentación es uno de los aspectos que con más frecuencia detectan los cuerpos especializados durante este tipo de operativos. Sin un origen acreditado resulta imposible garantizar que los animales no procedan de capturas ilegales, importaciones clandestinas o criaderos sin autorización, actividades que alimentan un mercado negro que mueve millones de euros cada año y supone una amenaza directa para la conservación de numerosas especies.

El operativo de L'Hospitalet está lejos de ser un caso aislado. En los últimos años, los cuerpos policiales y medioambientales han desarticulado numerosas redes dedicadas al comercio ilegal de aves en distintos puntos del país.

Los Agents Rurals de Catalunya realizan inspecciones periódicas en mercadillos y puntos de encuentro donde tradicionalmente se han intercambiado aves fringílidas. En varias ocasiones también han intervenido ejemplares protegidos en Cornellà, Barcelona y otros municipios catalanes.

Por su parte, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil participa cada año en operaciones contra el tráfico de fauna silvestre. Algunas investigaciones han permitido desmantelar criaderos clandestinos o recuperar centenares de aves destinadas al mercado ilegal, tanto en España como en colaboración con otros países europeos.

La dimensión internacional del problema ha sido destacada por Europol e Interpol, que consideran el tráfico de especies silvestres una de las principales formas de delincuencia organizada relacionada con el medio ambiente. Según la organización especializada TRAFFIC, este comercio ilegal mueve miles de millones de euros cada año y solo es superado por actividades como el tráfico de drogas, la falsificación y la trata de personas.

El comercio ilegal de aves no solo amenaza la conservación de las especies. También supone un importante problema de bienestar animal.

Muchas aves son capturadas mediante redes, trampas o pegamentos y permanecen hacinadas durante horas o incluso días antes de ser transportadas. El estrés, la falta de alimento, las lesiones provocadas durante la captura y las deficientes condiciones higiénicas elevan considerablemente la mortalidad antes incluso de llegar al comprador final.

Las que sobreviven suelen presentar alteraciones de comportamiento derivadas del cautiverio, además de un elevado riesgo de transmitir enfermedades a otras aves o a los propios animales domésticos si no existen controles veterinarios adecuados.

En el caso de las especies exóticas, otro de los riesgos es el abandono. Cuando estos animales escapan o son liberados deliberadamente pueden establecer poblaciones invasoras que compiten con la fauna autóctona por alimento y lugares de nidificación. La expansión de distintas especies de cotorras en varias ciudades españolas es uno de los ejemplos más conocidos de este fenómeno.

Los expertos insisten en que la mejor forma de combatir el tráfico ilegal pasa por combinar una mayor vigilancia con campañas de sensibilización dirigidas a los compradores. Adquirir un ave sin documentación o fuera de los canales autorizados alimenta un negocio clandestino y puede contribuir al deterioro de poblaciones silvestres cuya conservación resulta esencial para mantener el equilibrio de los ecosistemas.

La operación desarrollada en L'Hospitalet revela que detrás de una aparente venta de pájaros en un parque puede esconderse una actividad con importantes consecuencias para la biodiversidad, la salud animal y el cumplimiento de la legislación ambiental.

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