Un vecino pierde el juicio por su perro: la sentencia reabre el debate sobre si una comunidad puede prohibir tener mascotas en casa

En un edificio de A Ramallosa (Nigrán), un vecino demandó a su comunidad en marzo de 2024 por prohibirle que su caniche pudiera vivir con él. El demandante solicitó a la justicia que dejase sin efecto un acuerdo adoptado en 2010 y ratificado en 2023 por una junta extraordinaria, en el que los vecinos decidieron que estaba prohibido tener animales de compañía en el inmueble.

El demandante alegaba que esta medida era un “abuso de derecho” y que era contraria a la Ley de Bienestar Animal aprobada en 2023. Además, insistía en que su perro no causaba ninguna molestia ni infringía las normas de convivencia. Sin embargo, la jueza de la plaza número 2 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Vigo ha desestimado su demanda. La sentencia, por tanto, ratifica la validez de la norma interna de la comunidad y da la razón a los propietarios. Este resultado impide que, legalmente, el perro pueda seguir viviendo en su casa.

Muchas son las personas que se preguntan cómo es posible que, habiendo leyes que apoyan que los animales son seres sintientes y no cosas, legalmente se pueda echar a un perro de su hogar. Pero la clave de esto no está en la ley general, sino en la propia normativa interna de la comunidad. En el caso de Nigrán, el edificio cuenta con una prohibición que fue aprobada por unanimidad en una junta general ordinaria en el año 2010. Los padres del vecino demandante, que en ese momento vivían en su piso, también apoyaron la normativa.

Aquella decisión se incorporó formalmente a los estatutos de la comunidad en el año 2011, adquiriendo plena validez legal. En el 2023, se convocó una junta extraordinaria en la que se ratificó la prohibición de vivir con animales en el edificio.

Al ser una norma inscrita y vigente, la justicia entiende que cualquier persona que resida en el inmueble está obligada a cumplirla. El tribunal se ha basado en que el vecino conocía la existencia de esta regla antes de mudarse al piso de sus padres junto con su caniche. Por tanto, los estatutos de la comunidad son los que realmente marcan la hoja de ruta y, mientras no se modifiquen, es obligatorio cumplirlos.

El caso de Nigrán ha reabierto el debate sobre si una comunidad puede prohibir vivir con animales o no, pero la realidad es que hay leyes que sí amparan esta norma. Desde la entrada en vigor de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, muchas personas piensan pueden vivir con sus animales en cualquier lugar. Sin embargo, la realidad jurídica es que esta ley convive con la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), que es la que otorga poder a las comunidades de vecinos.

Por lo tanto, la ley de bienestar animal dice cómo debemos cuidar a los animales, pero es la LPH la que permite que los propietarios de viviendas limiten ciertas actividades en sus edificios. El artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal establece: “Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas”. Por esto mismo, en determinados casos, si un perro ladra se puede denunciar.

Si los estatutos dicen que no se permiten perros (u otros animales), la justicia interpreta que vivir con uno es una “actividad prohibida en los estatutos”.

Si te encuentras en una situación de conflicto con tus vecinos por tu animal, debes saber que no todo está perdido. El primer paso, y el más importante, es saber si la prohibición de tener animales consta en los estatutos de la comunidad. Como en el caso de Nigrán, si la norma está en los estatutos, su fuerza legal es casi inexpugnable... Por el contrario, si se trata de un acuerdo o norma interna aprobada en una junta ordinaria, suele ser mucho más sencillo impugnarla ante un juez, ya que un reglamento interno no puede limitar de forma tan severa los derechos de propiedad privada si no han sido establecidos previamente en los estatutos.

Otro factor clave en la defensa es la fecha en la que se aprobó la restricción. Si ya convivías con tu animal en el edificio antes de que la comunidad decidiera prohibirlos, la justicia suele amparar la permanencia del animal. Además, la Ley de Propiedad Horizontal establece en su artículo 17.6 que es necesaria la unanimidad para modificar los estatutos.

Sin embargo, dado que cada comunidad tiene sus propias reglas, es fundamental contar con asesoría jurídica especializada. Por eso, lo más recomendable es consultar con un abogado experto en Derecho Civil o Propiedad Horizontal antes de impugnar un acuerdo o interponer una demanda.

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