El responsable del “criadero de los horrores” de Burgos llega a juicio tras seis años fugado: la Fiscalía pide 18 meses de cárcel
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El conocido como “criadero de los horrores” de Melgar de Fernamental, en Burgos, ha llegado finalmente a juicio. El principal acusado se enfrenta a peticiones de entre 18 y 30 meses de prisión por maltrato animal, después de que las autoridades encontraran perros muertos y decenas de animales sobreviviendo en condiciones extremas.
La primera sesión se celebró el 1 de septiembre, más de seis años después de la intervención definitiva de las instalaciones. El acusado había huido de España en 2020 y fue localizado en Venezuela, detenido y extraditado a España en febrero de 2026, según informó la Guardia Civil.
El proceso deberá ahora esclarecer judicialmente las responsabilidades por un caso que acumuló durante años inspecciones, denuncias y actuaciones administrativas previas.
Perros desnutridos, heridos y cadáveres: así encontraron las instalaciones hace seis años
Los testimonios prestados durante el juicio dibujan un escenario especialmente grave. Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y veterinarios de la Junta de Castilla y León describieron unas instalaciones en condiciones “deplorables”, con animales desnutridos, enfermos y heridos. Algunos cadáveres presentaban incluso evidencias de canibalismo.
Uno de los agentes declaró que el responsable había “abandonado a su suerte” a los animales después de marcharse sin dejarles agua ni alimento. En el registro del criadero fueron localizados 31 perros vivos y siete muertos, algunos de los cuales llevaban cerca de 20 días fallecidos. En otra propiedad se encontraron 37 perros vivos y otros dos muertos, uno de ellos dentro de un congelador.
La investigación de la Guardia Civil ofrece una cifra global todavía mayor. Las inspecciones realizadas en cuatro propiedades permitieron finalmente rescatar a 86 perros y dos gatos, mientras las necropsias practicadas a los cadáveres concluyeron que las muertes se habían producido por el abandono de los animales.
El rescate abrió además una segunda fase centrada en garantizar la recuperación de los animales que habían sobrevivido. Los ejemplares quedaron bajo control de las autoridades y recibieron atención veterinaria después de ser retirados de unas instalaciones en las que las condiciones higiénico-sanitarias habían llegado a ser extremas. La actuación resultaba especialmente compleja por el elevado número de perros afectados y por la necesidad de evaluar individualmente su estado físico tras el periodo de abandono.
La situación no apareció de forma repentina. Los antecedentes se remontan a 2013, cuando comenzaron a documentarse deficiencias e irregularidades. Durante los años siguientes se acumularon inspecciones, denuncias y advertencias. En 2019 el acusado ya había sido condenado por maltrato animal, pero las condiciones no experimentaron una mejora suficiente.
El principal acusado abandonó España antes del registro y acabó detenido en Venezuela
El desmantelamiento definitivo llegó en febrero de 2020. Pocos días antes del registro judicial, el principal investigado había abandonado España. El Juzgado de Instrucción número 2 de Burgos emitió entonces una orden internacional para conseguir su detención y extradición.
Las investigaciones permitieron situarlo primero en México y posteriormente en Venezuela, donde finalmente fue detenido. El pasado febrero llegó extraditado a España para responder ante la justicia por maltrato animal y alzamiento de bienes.
Por el primero de estos delitos, la Fiscalía solicita 18 meses de prisión, mientras que la acusación particular ejercida por Justicia y Defensa Animal de Burgos reclama entre 25 y 30 meses. A ello se suma una petición de tres años por alzamiento de bienes. La defensa, por su parte, solicita la absolución y ha cuestionado aspectos relacionados con el procedimiento y la extradición.
Estas son las penas que contempla actualmente la ley por maltrato animal
La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales establece que quienes sean responsables de animales deben mantenerlos en condiciones de vida dignas, garantizar su bienestar y proporcionarles los cuidados necesarios. También regula específicamente la cría y comercialización de animales de compañía.
Además, la reforma del Código Penal en materia de maltrato animal establece actualmente penas de tres a 18 meses de prisión o multa de seis a 12 meses cuando se cause a determinados animales una lesión que requiera tratamiento veterinario, además de inhabilitación. Existen agravantes, entre otros supuestos, cuando el responsable del cuidado comete los hechos o existe ánimo de lucro.
El abandono también puede tener consecuencias penales. El artículo 340 ter del Código Penal castiga a quien abandone a un animal vertebrado bajo su responsabilidad en circunstancias que puedan poner en peligro su vida o integridad, además de contemplar la inhabilitación para actividades relacionadas con animales y para su tenencia.
El proceso de Burgos continuará ahora con nuevas declaraciones y pruebas periciales. Tras años de denuncias, intervenciones administrativas, rescates y una búsqueda internacional, será el tribunal el que determine finalmente la responsabilidad penal del acusado.
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