Investigan a un veterinario por certificar la muerte de un perro que apareció vivo cuatro días después: qué dice la ley
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La aparición con vida de un galgo que figuraba oficialmente como fallecido ha dado lugar a una investigación que ha sorprendido tanto al sector veterinario como a los responsables de la protección animal. El caso, ocurrido en la Región de Murcia, no solo plantea interrogantes sobre las circunstancias en las que el animal acabó abandonado, sino también sobre el valor legal de los certificados veterinarios y las obligaciones que asumen estos profesionales cuando documentan la muerte de un animal.
Según informó la Guardia Civil, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) investiga a un cazador y a un veterinario de Lorca después de que un perro declarado muerto por causas naturales apareciera con vida cuatro días más tarde en el municipio de Totana.
El animal fue localizado en un evidente estado de desnutrición y con lesiones compatibles con un abandono prolongado. La investigación sostiene que el perro figuraba como fallecido en el Sistema de Identificación de Animales de Compañía de la Región de Murcia (SIAMU), registro oficial en el que había sido dado de baja tras la emisión del correspondiente certificado veterinario.
Pese a ello, el galgo seguía con vida. Según las diligencias abiertas, el propietario está siendo investigado por un presunto delito de abandono animal y de falsedad documental, mientras que el veterinario lo está por un presunto delito de falsedad documental relacionado con la certificación de la muerte del animal. Será ahora la investigación judicial la que determine qué ocurrió realmente y si existieron responsabilidades penales.
La Ley de Bienestar Animal obliga a actualizar el registro tras la muerte de una mascota
Aunque para muchos propietarios pueda parecer un simple trámite administrativo, certificar la muerte de un animal de compañía tiene importantes efectos jurídicos. La comunicación de la defunción permite actualizar el registro oficial del microchip, cerrar el historial administrativo del animal y evitar que continúe figurando como vivo en las bases de datos autonómicas.
En España, la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales establece la obligación de mantener correctamente identificados a perros, gatos y hurones, así como de comunicar las modificaciones que afecten a su situación registral. La muerte del animal constituye una de esas circunstancias y debe notificarse para garantizar la trazabilidad del sistema de identificación.
En la práctica, la certificación veterinaria sirve como respaldo para tramitar esa baja administrativa. Por ello, se trata de un documento que debe reflejar fielmente la realidad observada por el profesional, ya que su contenido puede tener consecuencias jurídicas tanto para el propietario como para la Administración.
Un veterinario no puede certificar lo que no ha comprobado: esto exige su código deontológico
La profesión veterinaria está sometida a obligaciones técnicas, legales y deontológicas. Además de velar por la salud y el bienestar de los animales, los veterinarios actúan con frecuencia como fedatarios técnicos cuando emiten certificados sanitarios, informes clínicos o documentos oficiales.
El Código Deontológico de la Organización Colegial Veterinaria Española establece que toda certificación debe basarse en hechos comprobados personalmente por el profesional y ajustarse a criterios de veracidad, independencia y rigor científico. En otras palabras, un veterinario no debería emitir un certificado sobre un hecho que no haya podido constatar adecuadamente mediante su actuación profesional.
Precisamente por esto el caso investigado ha despertado interés dentro del propio colectivo veterinario. Más allá de las posibles responsabilidades que puedan derivarse de este procedimiento concreto -que deberán ser determinadas por la Justicia-, recuerda la importancia de que cualquier documento oficial emitido por un veterinario esté respaldado por una comprobación clínica suficiente y por un correcto ejercicio profesional.
Encuentran vivo a un galgo que figuraba como fallecido: investigan el certificado veterinario
Más allá de las posibles responsabilidades penales que puedan determinar los tribunales, este caso también pone de relieve la importancia de la responsabilidad ética de los profesionales veterinarios. El Código Deontológico de la Organización Colegial Veterinaria Española establece que los veterinarios deben actuar con independencia, rigor científico y veracidad en todos los documentos que emitan.
Los certificados veterinarios, ya sean sanitarios, clínicos o de defunción, tienen carácter oficial y deben basarse en hechos comprobados personalmente por el profesional.
Si durante la investigación se demostrara que un certificado fue emitido sin verificar adecuadamente el estado del animal, además de las posibles consecuencias penales podrían derivarse responsabilidades disciplinarias en el ámbito colegial.
No obstante, corresponde exclusivamente a la autoridad judicial esclarecer lo ocurrido y determinar si existió alguna actuación irregular.
Este tipo de documentos desempeña además un papel esencial en la protección animal. La correcta comunicación de una defunción permite actualizar los registros oficiales de identificación, evita fraudes relacionados con el microchip, facilita el control sanitario y garantiza la trazabilidad de los animales de compañía. Cuando esa información no refleja la realidad, todo el sistema de identificación pierde fiabilidad.
El caso del galgo localizado con vida ha generado una notable repercusión precisamente porque pone de manifiesto la importancia de que cada paso administrativo esté respaldado por una actuación profesional rigurosa.
Más allá de las responsabilidades individuales que puedan establecerse, la investigación recuerda que la confianza de los propietarios y de la propia Administración en el trabajo veterinario depende, en gran medida, de la precisión y veracidad de los documentos oficiales que estos profesionales emiten.
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