Más de 350 entidades de protección animal convocan una manifestación estatal el 6 de septiembre por los gatos comunitarios: “Tienen ley, pero no se está cumpliendo”
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Tres años después de la aprobación de la Ley 7/2023 de Bienestar Animal, los gatos comunitarios siguen siendo un problema para muchos municipios españoles. La norma estableció por primera vez unas reglas comunes para gestionar las colonias felinas, pero su aplicación continúa siendo desigual y las asociaciones reclaman que las obligaciones recogidas en el BOE se cumplan.
La periodista y activista Lucía Arana ha puesto el foco en esta situación, que volverá a protagonizar distintas movilizaciones durante el mes de septiembre. El debate no gira solo en torno a alimentar a estos animales, sino a controlar sus poblaciones, garantizar su atención veterinaria y gestionar las colonias de forma organizada.
Los gatos comunitarios ya tienen una ley, pero falta lo más importante: cumplirla
Tres años después de la aprobación de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, la situación de los gatos comunitarios vuelve a situarse en el centro del debate. La norma estableció por primera vez en todo el territorio español unas obligaciones concretas para gestionar estas poblaciones, pero las organizaciones animalistas sostienen que su aplicación continúa siendo muy desigual.
La periodista y activista por los derechos de los animales Lucía Arana ha abordado esta situación desde una perspectiva bien concreta: los gatos ya tienen una ley y ahora corresponde cumplirla. Es lo que reclaman centenares de entidades que han programado una convocatoria para exigir que las administraciones conviertan las obligaciones escritas en actuaciones reales
La cuestión resulta especialmente importante porque la gestión de una colonia no consiste únicamente en alimentar a los animales. Requiere planificación, control reproductivo, asistencia veterinaria y seguimiento de la población.
La ley obliga a los ayuntamientos a hacer mucho más que esterilizar a los gatos comunitarios
Uno de los principales cambios introducidos por la Ley 7/2023 fue establecer expresamente qué corresponde a las entidades locales a la hora de gestionar los gatos comunitarios. Los municipios deben desarrollar programas de gestión de colonias felinas y realizar un censo que permita conocer cuántos animales existen y dónde se encuentran.
La herramienta fundamental para controlar su población es el método CER: captura, esterilización y retorno. El procedimiento consiste en capturar al gato mediante métodos que no le provoquen daños, esterilizarlo bajo supervisión veterinaria y devolverlo posteriormente al territorio al que está vinculado.
La esterilización aislada, no obstante, no resuelve por sí sola el problema. La Directriz técnica sobre gestión de poblaciones felinas, publicada por la Dirección General de Derechos de los Animales, plantea una gestión integral que incluye también el censo y geolocalización de los animales y medidas destinadas a mejorar la convivencia de las colonias con su entorno.
La legislación atribuye además a los municipios la responsabilidad sobre la atención sanitaria de los gatos comunitarios que la necesiten, con participación de profesionales veterinarios. Los programas deben contemplar desparasitación, vacunación, identificación mediante microchip y protocolos para gestionar posibles conflictos vecinales.
El 6 de septiembre, más de 350 entidades de protección animal reclamarán que se cumpla la ley
Precisamente la diferencia entre aprobar una norma y disponer de los recursos necesarios para aplicarla está detrás de las protestas recogidas por Lucía Arana. Más de 350 entidades de protección animal se han unido para reclamar el cumplimiento efectivo de la legislación sobre colonias felinas.
Las organizaciones han convocado para el 6 de septiembre concentraciones y manifestaciones en diferentes puntos de España. Su reivindicación pone el foco sobre una circunstancia fundamental: las personas voluntarias llevan años ocupándose en numerosos municipios de alimentar, capturar, trasladar al veterinario y vigilar a estos animales, pero la ley atribuye la responsabilidad de la gestión a las administraciones locales.
Esto no significa que los voluntarios dejen de participar. De hecho, la norma contempla expresamente la colaboración ciudadana y permite que los ayuntamientos trabajen con entidades especializadas. Lo que cambia es quién debe asumir y organizar el sistema.
Existe también financiación estatal destinada específicamente a esta tarea. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 convocó en 2026 cerca de dos millones de euros en ayudas para entidades locales destinadas a poner en marcha o continuar programas de gestión de colonias de gatos comunitarios. En 2025, más de 1.600 entidades locales solicitaron este tipo de ayudas.
La ley busca proteger a los gatos mientras reduce las colonias de forma progresiva
La protección de los gatos y el control de su número no son objetivos incompatibles. La propia ley establece que la finalidad es reducir la población de gatos comunitarios de forma progresiva, manteniendo al mismo tiempo su protección como animales de compañía.
Una gestión deficiente puede generar problemas: reproducción descontrolada, acumulación de comida, suciedad, animales enfermos sin tratamiento o enfrentamientos entre vecinos. La directriz estatal reconoce estos posibles conflictos y precisamente por eso propone una actuación organizada en lugar de dejar las colonias felinas sin control.
El CER permite intervenir sobre el origen del crecimiento de la población: la reproducción. Para que funcione necesita continuidad y una planificación basada en datos. Esterilizar algunos gatos de manera ocasional mientras siguen incorporándose ejemplares sin esterilizar reduce considerablemente su eficacia.
Los ayuntamientos también deben establecer mecanismos para evitar que gatos domésticos sin identificar ni esterilizar contribuyan a aumentar las colonias. Asimismo, tienen que desarrollar protocolos para situaciones especiales y conflictos vecinales.
El cambio introducido por la Ley 7/2023 es, por tanto, más profundo que la simple protección de los gatos que viven en las calles. Busca sustituir las intervenciones improvisadas por una política pública estable de gestión felina.
Ese es precisamente el trasfondo de las movilizaciones anunciadas para septiembre. Se reclama que la Ley se cumpla. Las asociaciones no están reclamando una nueva legislación, sino que las obligaciones que ya aparecen en el BOE lleguen finalmente a cada municipio y, con ellas, a los gatos que viven en sus calles.
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