“Ningún animal atrás”: las entidades animalistas exigen al Gobierno corregir dos decretos por las desigualdades en la protección animal y las exigencias a protectoras y santuarios

 
Por Eva López, Editora Sénior. 17 noviembre 2026
Imagen: Entidades animalistas reclaman al Gobierno modificar los dos nuevos decretos / FAADA

FAADA, AnimaNaturalis, FAPAM, Fundación Salvando Peludos y Fundación Animal Guardians, junto con más de 100 organizaciones adheridas, se han unido bajo el lema “Ningún animal atrás” para pedir al Gobierno que corrija dos proyectos de reales decretos antes de su aprobación que, ya que consideran que suponen un retroceso en materia de protección y bienestar animal. La campaña celebró una nueva movilización el pasado 15 de noviembre frente al Congreso de los Diputados, en Madrid, con representantes de las principales entidades animalistas.

Aunque las alegaciones y movilizaciones anteriores han permitido introducir algunas mejoras en los borradores, las organizaciones reclaman que todavía quedan problemas importantes por resolver. Así, denuncian que los textos mantienen diferencias en las garantías de bienestar según el uso de los animales y establecen obligaciones que pueden complicar el trabajo de las protectoras y las familias que colaboran con ellas.

Por eso, las entidades insisten en que aun hay margen para introducir cambios. “Todavía estamos a tiempo de corregir estas normas y queremos que el Gobierno nos escuche antes de que sean definitivas”, recuerda Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis.

Las entidades reclaman la misma protección para todos los perros

Una de las principales demandas es que todos los perros tengan las mismas garantías de bienestar, independientemente de si viven como animales de compañía o se utilizan para cazar o trabajar. Concretamente, las entidades animalistas denuncian quelos perros de caza aparecen incluidos en los dos proyectos de real decreto, pero no bajo las mismas condiciones. Mientras que el texto de Derechos Sociales establece unas garantías de bienestar, el de Agricultura contempla requisitos diferentes en aspectos como el espacio disponible, el ejercicio o el enriquecimiento ambiental. Esta duplicidad podría permitir que se les aplicaran condiciones distintas en función de la normativa que finalmente prevalezca.

La presidenta de Fundación Animal Guardians, Marta Esteban, advierte de que incluir a estos perros en el proyecto de Derechos Sociales no soluciona el problema mientras sigan apareciendo también en el de Agricultura. “Parece que Derechos Sociales lo ha incluido para que nos callemos, pero sigue existiendo el otro”, denuncia en sus redes sociales. La representante teme que, ante el solapamiento de ambas normativas, termine prevaleciendo la que ofrece menos garantías para estos perros.

Desde FAADA también insisten en que “ningún perro debe recibir menos protección por ser utilizado para cazar o trabajar”. La campaña reclama, por tanto, que la actividad a la que se destine un perro no sirva para justificar unas condiciones de vida deficientes.

Los santuarios piden una normativa adaptada a su labor de rescate

Las entidades también reclaman que los santuarios de animales sean reconocidos jurídicamente como centros de protección animal y no se regulen como si fueran explotaciones ganaderas. Estos espacios acogen de por vida a animales rescatados —muchas veces de la propia ganadería— que, por tanto, no están destinados a la producción ni al consumo, por lo que necesitan unas obligaciones adaptadas a su actividad.

La situación es especialmente compleja porque, según explica AnimaNaturalis, el proyecto de Derechos Sociales solo ampararía a estos centros si sus animales estuvieran registrados como animales de compañía, mientras que el de Agricultura los incluye dentro del ámbito ganadero.

Fernando Sánchez, de la Fundación Salvando Peludos y secretario de la Federación de Santuarios (FESA), reconoce que se han suavizado algunas de las medidas sanitarias previstas inicialmente, pero considera que todavía falta un reconocimiento específico. “Necesitamos que la normativa reconozca definitivamente nuestra realidad y establezca un régimen específico y proporcionado”, afirma.

Por su parte, Marta Esteban también admite que los borradores han incorporado algunos avances, como la posibilidad de autorizar estos centros como establecimientos de confinamiento. Esta fórmula permitiría contemplar alternativas al sacrificio de los animales en determinados supuestos, siempre que lo permita la normativa europea. Sin embargo, la representante considera que todavía no se ha resuelto el problema de fondo: los santuarios siguen vinculados a la categoría de animales de producción.

Para las entidades, mientras los santuarios sigan encuadrados en el ámbito de la producción ganadera, no tendrán el reconocimiento ni el marco normativo adaptado a la labor de protección que desempeñan.

Las protectoras rechazan que se les apliquen los mismos requisitos que a los criadores

Otra de las reivindicaciones de las entidades animalistas se dirige a las condiciones que deberán cumplir las protectoras. Las organizaciones denuncian que las obligaciones previstas en el proyecto de Derechos Sociales no tienen suficientemente en cuenta las diferencias entre los centros dedicados a la protección animal y los establecimientos comerciales de cría.

Mati Cubillo, presidenta de FAPAM, explica que el objetivo de estas entidades es muy distinto al de los establecimientos dedicados a la cría. “Las protectoras no somos criadores. Nuestra función es recoger animales abandonados o maltratados, recuperarlos y encontrarles un hogar”, señala.

Por ello, reclaman que los requisitos se adapten a la naturaleza, la finalidad y la capacidad real de cada entidad, y que no se les impongan condiciones propias de actividades comerciales que no realizan. También piden que el proyecto respete las diferencias recogidas en el Reglamento europeo 2026/1818 entre los establecimientos de cría, los refugios y las casas de acogida.

Reclaman menos exigencias para las casas de acogida y más protección para otros animales

Las casas de acogida son otro de los puntos que preocupan a las entidades animalistas. En este ámbito, ya han conseguido introducir cambios: el borrador revisado ya no exige que estos hogares temporales se constituyan como núcleos zoológicos, una modificación que la campaña pide mantener. Sin embargo, Marta Esteban advierte de que todavía podrían tener que asumir obligaciones administrativas, como disponer de un programa sanitario o someterse a inspecciones.

Las organizaciones temen que estas exigencias desanimen a las familias que colaboran de forma voluntaria y reduzcan el número de hogares disponibles, lo que dificultaría encontrar acogida para los animales que lo necesitan.

La campaña también pide reforzar las garantías para conejos, aves, reptiles y pequeños mamíferos, especialmente en materia de cría, identificación, trazabilidad y bienestar. Además, reclama que los dos proyectos se adapten al nuevo marco europeo sobre bienestar y trazabilidad de perros y gatos. “Es clave que las normas que finalmente apruebe España se adapten plenamente al nuevo marco europeo”, señala Anna Estarán, de FAADA.

En definitiva, aunque las movilizaciones y las alegaciones han permitido modificar algunos aspectos de los borradores, las organizaciones insisten en que todavía no garantizan una protección adecuada para todos los animales ni tienen suficientemente en cuenta la labor de quienes los rescatan y cuidan. Por eso, mantienen su petición al Gobierno para que revise los textos antes de su aprobación definitiva.

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