La Ley de Bienestar Animal lo prohíbe: no se pueden usar perros y gatos como reclamo ambulante para captar clientes o pedir dinero y hacerlo conlleva multas
La Ley de Bienestar Animal establece límites a determinadas actividades que utilizan perros, gatos y otros animales para atraer la atención del público. Entre sus prohibiciones figura emplearlos de forma ambulante como reclamo comercial o económico, una práctica que puede dar lugar a sanciones.
Aunque la medida ha vuelto a cobrar actualidad, está vigente desde septiembre de 2023 y forma parte de una regulación estatal que modificó las obligaciones de quienes conviven con animales de compañía. La normativa también protege expresamente a las personas sin hogar que viven acompañadas de sus mascotas y distingue entre diferentes tipos de infracciones.
La ley prohíbe utilizar animales para atraer clientes o conseguir dinero en la calle
La Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales establece en su artículo 25 una serie de conductas prohibidas para garantizar un trato adecuado a los animales. El apartado 25.f impide utilizarlos de forma ambulante como reclamo. Esto significa que una persona no puede emplear deliberadamente a su perro, gato u otro animal incluido en el ámbito de la ley para atraer transeúntes y obtener un beneficio mediante esa actividad.
La prohibición puede afectar, por ejemplo, a quienes utilizan animales para captar clientes en la calle o conseguir aportaciones económicas aprovechando su presencia como atractivo. Lo determinante es la finalidad de la actividad y las circunstancias concretas, que deberán valorar las autoridades.
La ley también prohíbe utilizar animales como premios, recompensas, rifas o promociones. Además, restringe su empleo como reclamo publicitario, aunque contempla una excepción para actividades relacionadas con los propios animales.
Conviene aclarar que estas disposiciones no impiden pasear normalmente con un perro, acudir con él a establecimientos que admitan mascotas o participar en actividades permitidas que respeten las condiciones legales.
La ley estatal unifica las normas de bienestar animal que antes variaban entre comunidades
La principal novedad de la ley estatal es que establece unas obligaciones y prohibiciones comunes para toda España. Hasta su aprobación, la protección de los animales de compañía dependía principalmente de las normativas autonómicas y municipales, con diferencias importantes entre territorios.
Comunidades como Madrid, Galicia o la Comunidad Valenciana ya disponían de legislación específica sobre bienestar animal. Sin embargo, las obligaciones y prohibiciones no siempre coincidían, lo que generaba distintos niveles de protección según el lugar.
La nueva regulación establece un marco común, aunque las comunidades autónomas mantienen sus competencias para desarrollar medidas propias. Por su parte, las administraciones autonómicas y municipales competentes se encargan de vigilar su cumplimiento y aplicar las sanciones correspondientes.
Este cambio también refleja una transformación del enfoque jurídico, que ya había comenzado con el reconocimiento de los animales como seres sintientes. La normativa refuerza las responsabilidades de las personas que los tienen a su cargo.
Las excepciones a la prohibición incluyen a las personas sin hogar y ciertas actividades reguladas
Una de las aclaraciones más importantes aparece expresamente en el artículo 25.f: la prohibición no cuestiona el derecho de las personas sin hogar a estar acompañadas por sus animales de compañía. Por tanto, una persona que vive en la calle puede permanecer con su perro o gato sin que esa circunstancia constituya automáticamente una infracción. La ley distingue entre la convivencia con el animal y su utilización deliberada como instrumento de captación.
También existen diferencias entre las actividades comerciales prohibidas y aquellas que cuentan con una regulación específica. Las producciones audiovisuales, los espectáculos y determinadas actividades profesionales con animales deben cumplir las condiciones establecidas en la legislación correspondiente.
En cualquier caso, el bienestar del animal resulta fundamental. La normativa prohíbe las actividades que provoquen angustia, dolor o sufrimiento y establece restricciones adicionales para determinados espectáculos. Estas disposiciones buscan evitar que los animales sean sometidos a situaciones perjudiciales para su salud física o psicológica.
Las multas dependen de la gravedad de la infracción y pueden llegar a los 200.000 euros
El artículo 76 de la Ley de Bienestar Animal establece tres niveles de sanciones económicas, según la gravedad de la infracción. Las infracciones leves pueden castigarse con un apercibimiento o multas de 500 a 10.000 euros. Las graves se sancionan con cantidades comprendidas entre 10.001 y 50.000 euros, mientras que las muy graves pueden alcanzar los 200.000 euros.
Pero es bueno aclarar que utilizar un animal como reclamo ambulante no supone automáticamente recibir la sanción máxima. Cuando se incumple una prohibición sin provocar daños físicos ni alteraciones de comportamiento, la conducta puede encuadrarse como infracción leve.
Si existen daños o sufrimiento, la calificación puede agravarse. También se consideran circunstancias relevantes la reincidencia, la intencionalidad y el beneficio económico obtenido.
La aplicación de las sanciones corresponde a las autoridades autonómicas o municipales competentes. Además de las multas, determinadas infracciones pueden implicar medidas adicionales, incluida la intervención del animal.
El objetivo es garantizar que las obligaciones de protección se cumplan y que los animales no sean utilizados en actividades contrarias a su bienestar.
