Ya es oficial: la Ley de Bienestar Animal obliga a quienes tienen perros y gatos a llevarlos al veterinario ante cualquier síntoma
Tener un perro o un gato implica asumir responsabilidades que van mucho más allá de proporcionar comida, agua y un lugar donde dormir. La Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, establece obligaciones concretas para quienes conviven con animales de compañía y sitúa la atención sanitaria entre los deberes básicos de sus responsables.
El objetivo es evitar que una enfermedad, una lesión o un problema de comportamiento quede sin atender por falta de intervención profesional. La norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado, también contempla el reconocimiento veterinario periódico, aunque su frecuencia debe quedar determinada por el desarrollo reglamentario correspondiente.
Por eso conviene distinguir entre las obligaciones que establece directamente la ley y aquellas cuya aplicación requiere un desarrollo posterior. Esta diferencia es especialmente importante cuando se habla de las revisiones veterinarias, ya que la legislación contempla estos reconocimientos, pero no establece en su articulado una frecuencia concreta.
Conocer qué exige realmente la norma permite a los tutores actuar correctamente y evitar interpretaciones erróneas sobre sus responsabilidades.
No basta con las revisiones rutinarias: la ley obliga a buscar atención veterinaria cuando sea necesario
El artículo 24 de la Ley 7/2023 señala que los responsables deben prestar al animal los cuidados sanitarios necesarios para garantizar su salud. Además, deben facilitar un reconocimiento veterinario con la periodicidad que se determine reglamentariamente. La misma norma obliga a recurrir a los servicios de un profesional veterinario siempre que la situación del animal lo requiera.
Esto significa que la atención veterinaria no queda limitada a las revisiones rutinarias. Si un perro presenta síntomas, sufre una lesión, empeora de forma evidente o necesita tratamiento, su responsable debe solicitar asistencia profesional. La ley también contempla al veterinario acreditado en comportamiento animal cuando sea necesario.
La obligación sanitaria está integrada en el régimen de responsabilidades de la ley. El texto considera infracciones administrativas las acciones u omisiones contrarias a sus disposiciones y las clasifica en leves, graves y muy graves.
Una falta de cuidados que no provoque daños físicos ni alteraciones del comportamiento puede encajar como infracción leve, mientras que el incumplimiento que cause daño o sufrimiento puede alcanzar una consideración más grave.
Las sanciones económicas varían según la categoría. Las infracciones leves pueden castigarse con apercibimiento o multas de entre 500 y 10.000 euros; las graves, con multas de 10.001 a 50.000 euros; y las muy graves, con multas de 50.001 a 200.000 euros.
Detectar los cambios en la salud del animal y actuar a tiempo es responsabilidad del tutor
La norma plantea una responsabilidad continuada. Quien tiene un animal debe vigilar su estado, detectar cambios relevantes y actuar cuando existan señales que indiquen que necesita ayuda. Heridas, dificultades respiratorias, vómitos persistentes, diarrea intensa, dolor, pérdida marcada de apetito o cambios bruscos de conducta son motivos para consultar.
El diagnóstico y el tratamiento corresponden al profesional veterinario. Sustituir una valoración clínica por consejos de Internet puede retrasar la atención. La ley también obliga a mantener al animal permanentemente localizado e identificado conforme a la normativa vigente y obliga a comunicar su pérdida o sustracción en un máximo de 48 horas.
La legislación no establece que todos los animales deban acudir al veterinario con una frecuencia idéntica. El artículo 24 remite la periodicidad de los reconocimientos a su posterior determinación reglamentaria. Por ello, atribuir a la ley una frecuencia concreta que todavía no haya sido fijada puede inducir a error.
Lo que sí queda claro es que ningún responsable puede ignorar una necesidad sanitaria que requiera atención profesional. La atención temprana puede limitar complicaciones, reducir sufrimientos innecesarios y favorecer una recuperación más rápida cuando existe un problema de salud.
La Ley de Bienestar Animal refuerza la responsabilidad de cuidar la salud de las mascotas
La Ley de Bienestar Animal persigue promover una convivencia responsable, combatir el maltrato y el abandono y establecer obligaciones claras para la ciudadanía. En ese marco, la asistencia veterinaria ayuda a proteger la salud y evitar sufrimientos innecesarios para las mascotas.
Para las familias que viven con perros o gatos, la recomendación es observar al animal, mantener sus cuidados sanitarios al día y consultar con un veterinario cuando aparezca un problema que lo requiera. También conviene conservar informes y documentación clínica que acredite tratamientos o actuaciones realizadas en casa.
La norma no convierte cada visita al veterinario en un trámite idéntico para todos los animales. Sí consolida una obligación legal clara: quienes tienen animales de compañía deben procurarles atención sanitaria adecuada y actuar cuando su estado haga necesaria la intervención de un profesional.
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