Valencia entrega la gestión de sus refugios de animales a una empresa de control de plagas
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La gestión de los animales abandonados vuelve a situarse en el centro del debate en España. Valencia vivirá desde este mes un cambio histórico en sus refugios municipales después de que el Ayuntamiento adjudicara la gestión de los centros de Benimàmet y Natzaret a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Athisa Medioambiente y Adda Ops, una decisión que ha generado críticas por parte de asociaciones animalistas, representantes políticos de la oposición y numerosos ciudadanos.
Hasta ahora, la gestión de ambos centros había estado en manos de la protectora Modepran, entidad protectora de animales sin ánimo de lucro que durante más de quince años se ocupó de la atención de perros y gatos abandonados, así como de los programas de adopción y acogida.
Pero el nuevo concurso público convocado por el consistorio valenciano concluyó con la victoria de la citada UTE, que gestionará el servicio hasta 2029 y recibirá alrededor de cinco millones de euros para hacerse cargo de los animales bajo protección municipal. Según datos difundidos por el Ayuntamiento, en las instalaciones y en las distintas casas de acogida vinculadas al servicio viven actualmente unos 400 animales, entre perros y gatos.
La razón por la que la decisión ha desatado críticas entre los animalistas
La controversia no se debe únicamente al relevo de una entidad por otra. Buena parte de las críticas se centran en el perfil de una de las empresas adjudicatarias. Athisa es una compañía conocida por prestar servicios medioambientales, recogida de animales, control de especies invasoras y gestión de plagas urbanas en distintos municipios españoles.
Para colectivos animalistas, la vinculación histórica de la empresa con actividades de control poblacional de animales genera dudas sobre si la sensibilidad necesaria para gestionar refugios y programas de bienestar animal será la misma que la aportada por una protectora especializada.
La polémica se amplificó en redes sociales, donde muchos usuarios expresaron su rechazo al cambio y defendieron la continuidad de Modepran, una organización ampliamente conocida en la Comunidad Valenciana por su labor en rescate, acogida y adopción de animales.
Por su parte, la concejala de Compromís Gloria Tello criticó públicamente la adjudicación y afirmó que poner los refugios “en manos de empresas que se dedican profesionalmente al control de plagas resulta incompatible con la sensibilidad que requiere la protección animal”.
La adjudicación sigue adelante pese al recurso judicial de la protectora
La protectora Modepran quedó a escasa distancia de la adjudicataria en la valoración técnica del concurso y decidió recurrir el proceso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Tras la resolución favorable a la continuidad del procedimiento, la entidad acudió a la jurisdicción contencioso-administrativa para intentar revertir la contratación.
Desde el entorno de la protectora se han señalado presuntas irregularidades en la valoración del concurso y se han recordado controversias surgidas en otros puntos de España relacionadas con empresas del sector de recogida y gestión de animales.
Hasta el momento, sin embargo, la adjudicación sigue adelante y la nueva empresa ha comenzado a asumir las funciones previstas en el contrato.
Protectora o empresa: el modelo que divide la gestión de los refugios
Lo ocurrido en Valencia no es un caso aislado. En numerosas ciudades españolas existe un debate recurrente sobre cuál es el modelo más adecuado para gestionar los centros de acogida municipales.
Algunos ayuntamientos optan por encomendar esta labor a protectoras sin ánimo de lucro con amplia experiencia en adopción y bienestar animal. Otros recurren a empresas especializadas mediante contratos públicos.
Los defensores de este segundo modelo argumentan que las empresas pueden aportar más recursos materiales, estabilidad financiera y capacidad operativa. Quienes lo cuestionan sostienen que el bienestar animal no debería depender exclusivamente de criterios económicos y que las protectoras poseen un conocimiento específico difícil de sustituir.
La cuestión ha cobrado todavía más relevancia desde la entrada en vigor de la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, que refuerza las obligaciones de las administraciones públicas en materia de protección, identificación y gestión ética de los animales abandonados.
Lo que exige la ley y el desafío que afronta la nueva gestora de los refugios
La normativa estatal establece que las administraciones deben garantizar la recogida y atención veterinaria de los animales abandonados y fomentar activamente su adopción.
Además, la ley impulsa el denominado “sacrificio cero”, permitiendo la eutanasia únicamente cuando existan razones sanitarias o de bienestar debidamente justificadas por profesionales veterinarios.
Esto significa que cualquier entidad que gestione refugios municipales, ya sea una protectora o una empresa privada, debe cumplir estrictos protocolos de atención veterinaria, enriquecimiento ambiental, identificación, esterilización y promoción de adopciones
Más allá de la batalla administrativa y judicial, el principal desafío para la nueva concesionaria será demostrar que puede mantener o incluso mejorar los estándares de bienestar animal alcanzados durante los años de gestión de Modepran.
Los refugios municipales cumplen una función esencial en la lucha contra el abandono animal, un problema que sigue afectando a decenas de miles de animales cada año en España.
Según la Fundación Affinity, más de 286.000 perros y gatos fueron recogidos por protectoras y administraciones públicas en España durante 2023 (el registro más actualizado), una cifra que refleja la magnitud de un fenómeno que continúa siendo uno de los principales desafíos en materia de bienestar animal.
Por eso es que la polémica de Valencia trasciende el ámbito local y plantea una cuestión de alcance nacional: quién debe gestionar los refugios de animales y qué modelo ofrece mayores garantías para proteger a los animales más vulnerables.
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